Sin duda son el primer mundo. Los uruguayitos vamos recién en la segunda, con ganas de pasar a la tercera, al ingresar ya casi todas las cepas conocidas. Por ahora se informa que está todo bajo control. También lo estaba a principios del presente año y hoy estamos llorando casi seis mil fallecidos.
Lo cierto que en Europa y especialmente España, nos cuenta El País de Madrid que “el aumento de la incidencia y las hospitalizaciones abocan a unas vacaciones con restricciones que ponen en riesgo las previsiones del sector turístico
El país ya había pasado por esto, lamentan los expertos. La urgencia por reactivar la actividad económica y las ganas de la población han pesado más que las lecciones aprendidas en el último año, en un episodio favorecido por la confianza depositada en la buena marcha de la campaña de vacunación. Se calculó mal la magnitud de rebrote, se ignoraron las primeras señales de alerta —como los viajes de fin de curso en Mallorca— y cuando las administraciones al fin han empezado a reaccionar se han topado con un viejo problema: el rechazo de algunos tribunales a avalar restricciones.
Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología en la Universidad de Harvard, lo resume así: “La situación actual recuerda a las anteriores porque, en el fondo, las pandemias son simples: si tienes amplios grupos de población sin inmunidad y dejas que el virus se transmita sin restricciones, lo lógico es que acabe por infectar a mucha gente”.
Rafael Cantón, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), lamenta: “Hemos repetido los errores del pasado. La presión de algunos sectores, la fatiga pandémica, la nueva variante delta, el pensar que con la vacunación esto ya se había acabado… Todo ha tenido un enorme efecto multiplicador”.
Cataluña en primer lugar y luego Castilla y León son las comunidades que más preocupan en estos momentos, según lo hablado en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado el pasado miércoles. Así lo explica un alto cargo presente en el encuentro: “Las olas despegan en unas zonas y la incidencia aún es muy desigual. Pero ya hemos aprendido que sin restricciones las incidencias tienden a igualarse. Y no se puede esperar más, porque estamos cerca de otro verano perdido”.
La incidencia a 14 días en Cataluña se ha disparado de 238 casos por 100.000 habitantes hace dos semanas a 1.160, mientras en Castilla y León el salto ha sido de 111 a 863. La media nacional ha pasado en este tiempo de 130 a casi 540 casos. En algunos grupos de edad el nivel de contagios ha alcanzado cifras no vistas en toda la pandemia: uno de cada 30 veinteañeros catalanes está infectado o lo ha estado en las últimas dos semanas”.
Hace un año, toda Europa salía aturdida del primer y brutal golpe de la pandemia y los países del continente empezaban a dar los primeros pasos hacia la entonces llamada nueva normalidad. Era el momento de hacer balance sobre lo ocurrido y en España se hacía recuento de las carencias que habían agravado la crisis: falta de inversiones, servicios de salud pública y atención primaria bajo mínimos, problemas de gobernanza del sistema sanitario, ausencia de un liderazgo claro para hacer frente a una crisis de esta magnitud…
Miguel Hernán considera que en algunos aspectos se ha avanzado mucho en los últimos 12 meses. “La vigilancia epidemiológica es mucho mejor. Los sistemas de información han mejorado y hoy se reportan los casos sin apenas retraso lo que te permite tener una foto diaria mucho más precisa de la pandemia. La capacidad diagnóstica es mucho mayor y la asistencia médica también es más adecuada porque el sistema ha sabido reorganizarse cada vez que viene una ola”, expone.
Pero quedan huecos muy preocupantes, según Hernán: “La asistencia sigue apoyándose en el sacrificio constante de los profesionales, que llevan más de un año al límite. El rastreo de contactos sigue siendo inexistente en muchos lugares, lo que impide detener los brotes a tiempo. La atención primaria y los servicios de salud pública siguen infradotados. Y queda pendiente la mejora de la gobernanza y conseguir un liderazgo científico nacional respetado por todos los actores, algo a lo que ayudaría la creación de la prometida agencia de salud pública”.
La quinta ola ha vuelto a poner el foco en la atención primaria, que lleva años sufriendo una carencia estructural de recursos y unas plantillas ajustadas, con una elevada edad media para las que no existe un relevo generacional claro. “Hace un año se hablaba mucho de que había que reforzar los centros de salud, pero solo se han puesto algunos parches y no en todas las comunidades”, se queja el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo. “Hay mucho cansancio y desánimo entre los profesionales. Está la gran carga de trabajo, pero también lo poco que se ha tenido en cuenta el papel clave de la atención primaria para hacer frente a una pandemia. Ni se nos ha escuchado ni se nos ha tenido en cuenta a la hora de articular una respuesta adecuada”, añade.
Controversia en los tribunales
Hace un año España se enfrentaba también a otro problema que está lejos de tener resuelto: la falta de un marco jurídico que permitiera a las comunidades adoptar medidas frente a la pandemia sin temor a que fueran tumbadas en los tribunales. “La frustración de muchos gobiernos regionales se hace evidente en las reuniones del Consejo Interterritorial, que a veces son un mar de lamentos”, confirman dos fuentes participantes en esos encuentros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló el viernes el toque de queda solicitado por la Generalitat en los 161 municipios con mayor incidencia, algo que también han hecho los de la Comunidad Valenciana y Cantabria. Pero también esta semana, los de Canarias y Extremadura han rechazado aplicar medidas similares.
Es un enrevesado debate jurídico que se mueve entre la limitación de derechos fundamentales y la aplicación del derecho conforme a la realidad social del momento. Para los profesionales y expertos sanitarios consultados, en todo caso, la situación es “frustrante”, “incomprensible” y “no ayuda en nada a la lucha de la pandemia”.
Otros países como Alemania, con una estructura política más descentralizada que España, se han dotado en este tiempo de leyes federales que permiten al Gobierno tomar las medidas que considere oportunas ante un rebrote de la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez, que prometió cambiar hasta cuatro leyes con el mismo objetivo, finalmente no lo hizo porque consideró que “no era necesario”, explica el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista que publica este domingo EL PAÍS.
Tras el fin del estado de alarma, el pasado mayo, el Ejecutivo aprobó un real decreto ley —que modificaba la ley que regula el contencioso-administrativo— que permitía a las comunidades acudir en casación al Tribunal Supremo en caso de ver rechazadas las restricciones. Para el Gobierno esto debía ser suficiente “para evitar resoluciones dispares”, adoptar “resoluciones con rapidez” y permitir al Supremo “unificar doctrina
