Por: Fabian Cambiaso
Esta buena nota redactada por el periodista Cambiaso de ECOS, vale la pena reflejarla a nuestros lectores, agradeciendo la amabilidad de los colegas.
Los blancos se oponen y estudian una alternativa, que de todas formas podría terminar beneficiando a varios jerarcas que están procesados.
Con los votos del Frente Amplio, la Comisión de Constitución y Códigos del Senado aprobó este miércoles el polémico proyecto que deroga el artículo 162 del Código Penal, que tipifica el abuso innominado de funciones.
La iniciativa, impulsada por el oficialista Rafael Michelini, será refrendada en las próximas semanas por el Plenario de la Cámara Alta, en pos de eliminar un delito por el cual varios jerarcas públicos fueron procesados en los últimos años.
El líder del Nuevo Espacio la había justificado bajo el argumento de que se trata de un delito que no exige pruebas para que el juez pueda tipificarlo, sino que el magistrado puede actuar por convicción.
«Es un principio básico que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del delito de abuso de funciones, esto no aplica», expresó.
«Hasta hoy nadie presentó nada», dijo Michelini a ECOS, en referencia a un eventual proyecto alternativo por parte de la oposición, que rechazará la iniciativa votada este martes.
En ese camino está trabajando el nacionalista Luis Alberto Heber, que admitió que será una tarea difícil.
Es que la intención es mantener el delito, pero delimitando específicamente sus alcances: «Para que no sea lo mismo donarle un par de bolsas de portland a un club que dejar un agujero de 300 millones en una empresa pública», dijo.
La dificultad radica en que la nueva tipificación podría terminar beneficiando a los actualmente procesados por este delito, a los que se le aplicaría el principio retroactivo de la norma más benigna.
«No sé si llego», admitió Heber, al señalar que el día previsto para la votación en el Senado es el 6 de junio.
Vale decir que el proyecto aparece firmado por los nacionalistas Guillermo Besozzi y Jorge Saravia, que se preocuparon en aclarar que lo hicieron para darle trámite parlamentario.
“Derogar este delito en estos momentos en que empiezan las declaraciones judiciales por Ancap es, además de un error, un pésimo mensaje”, había expresado el senador colorado Pedro Bordaberry al momento de presentarse la iniciativa.
“Cuando se está investigando, están empezando las citaciones me parece que es muy equivocado que el Parlamento proponga derogar este delito. No sé si no tiene nombre y apellido”, expresó.
Michelini rebatió estas consideraciones. “Con más razón. Si en el caso de Ancap hay procesados, que lo sean con pruebas” respondió , recordando que constituye una rémora del viejo Código Penal italiano.
Todas las voces
Todo los especialistas en Derecho Penal que desfilaron por el Parlamento hablaron a favor de la derogación. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostuvo que la tipificación como tal del abuso de funciones no puede subsistir.
«Se trata de un delito penal abierto, que no describe estrictamente las conductas que quiere sancionar», explicó. Su postura concordó con los catedráticos Germán Aller y Gastón Chaves.
Por su generalidad, en la jerga judicial se lo conoce como «cajón de sastre», ya que los magistrados terminan por recurrir a él al no tener claro que otro delito tipificarle a un funcionario público, al no estar determinada inconducta específicamente prevista por la ley.
La voz crítica hacia la eliminación del delito vino desde la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el organismo en cargado de la lucha contra la corrupción en el Estado.
«Sería un mensaje muy negativo para una población que está realmente sensible con los temas de corrupción», había dicho ante la comisión su presidente, Ricardo Gil Iribarne, al cuestionar la «oportunidad» de proceder a su eliminación, aunque considerando que se trata de un delito con una tipificación muy ambigua.
El titular de la Jutep se preguntó por la lectura que haría la sociedad si se eliminara este delito, en momentos en que varios ex gobernantes tienen procesos abiertos por esta causa.
Si el Parlamento deroga finalmente el artículo 162 del Código penal, se cerrarán automáticamente las causas que se siguen contra el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, contra el ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, y contra el ex intendente de Colonia, Walter Zimmer.
La tercera es la vencida
Es la tercera vez en otras tantas legislaturas que el Parlamento intenta derogar el delito de abuso de funciones. En la práctica, el proyecto actual recoge el que había presentado en 2007 el entonces senador Julio María Sanguinetti..
En el siguiente período la iniciativa había sido retomada por el nacionalista Eber Da Rosa, también sin éxito.
El entonces presidente José Mujica y su vice, Danilo Astori, habían frenado la voluntad del Frente Amplio de avanzar en la derogación mientras no se resolviera la situación de los ex jerarcas. Finalmente, el proyecto quedó en un cajón. Mujica, hoy senador, se negó a firmar el nuevo texto.
