En su exposición durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) este miércoles 26 de julio, el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, destacó que en tres años los dispositivos electrónicos para pagos (POS) en todo el país pasaron de 10.000 a 52.000. Agregó que “en un comercio pequeño cuesta 90 pesos de arrendamiento por mes, por lo tanto, no son un obstáculo para la inclusión”. Sostuvo además que “la gente aferrada al pasado y al billete físico va a quedar de lado en este mundo”. “Se debe razonar con el chip de que el cambio tecnológico es inexorable y cambia la vida y las relaciones humanos”, sostuvo. “Hay que entender esto para saber qué hacer e incorporar el cambio tecnológico de la manera más favorable”. El jerarca dijo ser optimista porque “Uruguay tiene ventajas y capacidades para enfrentar la realidad siempre que entienda, modernice y avance con políticas consistentes, entre otras, la de inclusión financiera”.
El Programa de Inclusión Financiera constituye un elemento central de la agenda de inclusión social del gobierno. Se trata de una política pública destinada a permitir el acceso y uso de los servicios financieros por parte de toda la población y las empresas, en particular de aquellos que no podían acceder a los mismos o que lo hacían en muy malas condiciones: fundamentalmente los hogares de menores ingresos y las micro y pequeñas empresas.
El Programa también procura atacar las desigualdades existentes en materia territorial, ya que tradicionalmente las condiciones para el acceso a los servicios financieros en el Interior del país y en la periferia de Montevideo han sido menos favorables que en otras zonas urbanas.Además, en la medida que el uso de dinero electrónico ayuda a reducir la cantidad de efectivo circulante, constituye un aporte en temas de seguridad, especialmente a comercios como estaciones de servicio y taxistas, blancos fáciles de la delincuencia.
Cabe preguntarse, entonces, ¿Los intereses de quienes se están defendiendo y cuáles serán los fines perseguidos por aquellos que hoy quieren dar marcha atrás en algo tan beneficioso para el conjunto de la población?
Las afirmaciones de Bergara en el almuerzo de ADM no parece ser compartida por la oposición, en tanto legisladores del Partido Nacional, impulsados inicialmente por el Senador Luis Lacalle Pou, anunciaron su intención de sumarse a la campaña de recolección de firmas llevada a cabo por la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este, que persigue eliminar la obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera mediante un plebiscito.
Según Martín Vallcorba, responsable del programa de Inclusión Financiera, el apoyo de Lacalle Pou al plebiscito contra la inclusión financiera “no va por la positiva” al mismo tiempo que lamentó la “desinformación” y la falta de “fundamentos” de quienes buscan “frenar” el proceso iniciado.
Vallcorba expresó que cuesta identificar cuáles son los reales motivos que fundamentan una iniciativa de este tipo, tanto a nivel de los sectores políticos como de los propios sectores sociales y empresariales.
Por su parte, Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y de relaciones internacionales del PIT- CNT, consultado por los “problemas en el interior profundo” denunciados por los legisladores nacionalistas al justificar su apoyo al plebiscito, respondió que se trata de una “cortina de humo con móviles políticos”.
La ley de Inclusión Financiera no sólo beneficia a quienes usan sus tarjetas de débito y de crédito, sino que aporta “formalidad, registro y control, y le da credibilidad” al sistema, sostuvo Gambera.
Por su parte, Vallcorba indicó que el programa afirma el derecho del trabajador a elegir dónde y cómo cobrar con dinero electrónico. Esto permite cambiar la relación del empleado con su empleador. También destacó que facilita la formalización laboral y los derechos sociales relacionados, como salud y seguridad social.
La formalización del trabajo repercute sin lugar a dudas en mayores beneficios para los trabajadores, en tanto un trabajador que este “en negro” no accede a la cobertura de salud ni al seguro de enfermedad, ni al seguro de desempleo, etc.
Con la implementación del Programa unos 600.000 uruguayos accedieron gratuitamente al sistema financiero, lo que incluye una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico, siendo que la mitad de las cuentas nuevas fueron emitidas por instituciones financieras no bancarias; mientras que antes la mitad de los trabajadores accedía a una cuenta en un banco.El Gobierno subsidia la instalación de puntos de extracción de dinero en efectivo y de pago de servicios. Se definieron subsidios que pueden alcanzar hasta el 75 % de la inversión realizada, con un máximo de US$ 2.500.
Los empresarios no están obligados a incorporarse a esta acción, así como tampoco las empresas instaladas en pequeñas localidades sin un punto de extracción de dinero en efectivo a menos de 3 kilómetros están obligadas a pagar remuneraciones en este sistema. En cuanto a las compras cotidianas Vallcorba agregó que “seguimos pagando como queramos”, quien quiera pagar en efectivo puede seguir haciéndolo, puntualizó. En lo que sí hay obligatoriedad es en operar a través de cuentas bancarias en el caso de transacciones de montos elevados con el principal objetivo de evitar el lavado de activos.
