La III Corte Penal del Tribunal de Roma condenó a cadena perpetua al canciller de la dictadura uruguaya, Juan Carlos Blanco, quien fue hallado culpable y condenado, en el marco del Plan Cóndor.
Fue ministro de Relaciones Exteriores (1972-1976) y cumple una pena en Uruguay por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, del matrimonio de refugiados políticos, exmilitantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, y del asesinato y posterior desaparición de la maestra Elena Quinteros.
Otros uruguayos acusados y juzgados, fueron el General Gregorio Álvarez, quien murió recientemente, José Arab, Juan Carlos Blanco, José «Nino» Gavazzo, Juan Carlos Larcebeay, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
El uruguayo Jorge Troccoli fue el único de los imputados que se apersonó en el juicio donde fue finalmente absuelto. El exmilitar reside en libertad en Italia desde 2007, cuando se escapó de la justicia uruguaya. Durante el juicio se escucharon los testimonios de los sobrevivientes de las purgas, así como el de los familiares de algunas de las víctimas.
Entre las voces que se escucharon en el proceso estuvo la de la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires en 1976 y condenada a cinco años de cárcel en Uruguay por oponerse a la dictadura.
La mayoría de los imputados rechazaron defenderse, ni siquiera por videoconferencia, y muchos de ellos ya cumplen condena en sus respectivos países.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
El vicepresidente Raúl Sendic, presente en el juicio, junto a otros defensores de Derechos Humanos, representantes del Pit Cnt y familiares de desaparecidos, se mostraron asombrados con el fallo emitido por la Justicia italiana.
