El Senado de la República aprobó el proyecto de ley de Transparencia Fiscal y pasará a la órbita del Poder Ejecutivo para su promulgación. Con esta ley se establecen en nuestro país normas de convergencia con los estándares internacionales en Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El proyecto tuvo 21 votos afirmativos, acompañando la iniciativa los 16 senadores del Frente Amplio, más los cuatro legisladores de Alianza Nacional (Jorge Larrañaga, Carlos Camy, Guillermo Besozzi y Pablo Iturralde en lugar de Verónica Alonso) y el senador Pablo Mieres del Partido Independiente.
Votaron en contra los senadores del Partido Colorado, los legisladores del sector Todos del Partido Nacional y del Partido de la Gente.
Ayer, el senador Jorge Larrañaga argumentó a favor del voto de este proyecto sobre transparencia argumentando que “desde la oposición debemos actuar de la misma manera como si fuéramos gobierno”. Defendió esta iniciativa de dotar mayor transparencia al decir que estar en el mapa de las inversiones “no pasa por el oscurantismo”.
Enfatizó que el país necesita alinearse porque facilita las inversiones y el intercambio comercial.
El senador José Mujica, defendió el proyecto de transparencia y “la dirección” que se pretende promover desde el gobierno.
Aclaró que el objetivo es “ser un país cada vez más sano en cuanto a los circuitos de la dependencia de afuera”.
“Hacia dónde vamos, es lo más correcto, si queremos tener un país que viva del trabajo”, sostuvo Mujica.
Por su parte, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, defendió el proyecto de ley enviado al Parlamento. Explicó a LA REPÚBLICA, que el compromiso con la transparencia fiscal y la cooperación internacional “son pilares esenciales de nuestra inserción internacional, la que, a su vez, es un componente clave de la estrategia de desarrollo económico y social”.
Considera que la diversificación productiva requiere tanto del acceso a los mercados internacionales como del acceso al financiamiento y a las corrientes de inversión. Ferreri indicó que esto supone la participación activa, “en los espacios de cooperación internacional en materia de transparencia fiscal, intercambio de información tributaria y acciones de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Defendió el proyecto aprobado ayer por el Parlamento sosteniendo que la calidad institucional, “requiere, también, de la activa participación en los ámbitos de cooperación de la comunidad internacional”.
Dijo que dar la espalda o quedar al margen de las tendencias internacionales en materia de transparencia y cooperación fiscal implicaría, “además de transgredir principios y conceptos políticos con los cuales el gobierno nacional está comprometido, quedar al margen de aquellas corrientes comerciales, financieras y de inversión imprescindibles en la estrategia de desarrollo”.
Según Ferreri, actualmente no es una opción “la opacidad” en materia fiscal y agregó que ésta está presente en tantos otros aspectos de la vida económica y financiera.
Por lo cual, señaló que Uruguay, en función del interés nacional, decidió incorporar a su normativa un conjunto de disposiciones emanadas de los estándares internacionales en materia de lavado de activos y combate al terrorismo así como de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales.
Dijo que ello cumple un doble propósito: por un lado mejorar la normativa interna, con todas las garantías que corresponden, con miras a la obtención y accesibilidad de información con fines tributarios y, por otro lado, cumplir con las ineludibles normas de cooperación internacional en la materia.
“Información de DGI será secreta”
Ferreri afirmó que el compromiso asumido por Uruguay de adopción del estándar en materia de intercambio automático de información financiera con fines fiscales implica una nueva etapa en lo que respecta a la cooperación en materia de transparencia e intercambio de información tributaria.
Ferreri señaló que este instrumento provee a la Administración Tributaria de una importante herramienta ya que permite acceder en forma automática a la información tributaria de los países adheridos.
Aclaró que esta obligación comprende sólo la información relativa a saldos y rentas de las cuentas. Explicó que en caso de ser necesario acceder a la información relativa a los movimientos de cuentas determinadas, se mantiene el trámite de autorización judicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Nº 18.083, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.718.
Comentó que el proyecto establece que la información recepcionada por la DGI “será secreta y que el incumplimiento de esta disposición será sancionado con la pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría establecida en el último inciso del artículo 25 del Decreto – Ley Nº 15.322”.
Identificación de los beneficiarios finales
Ferreri destacó la finalidad que tiene el capítulo II de esta ley, que deberá ser promulgada por el Ejecutivo, referida a la identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas.
Dijo que este capítulo recoge las recomendaciones realizadas por GAFI así como por el Foro Global respecto a la implementación de un estándar que permita la identificación de las personas físicas que hay detrás de una cadena de propiedad (beneficiarios finales). “De acuerdo con los compromisos asumidos, la información sobre los beneficiarios finales, deberá comenzar a relevarse a partir del 1º de enero del 2017.
En términos generales, dijo, el proyecto prevé una implementación de la registración de la información, de los mecanismos de fiscalización, del marco sancionatorio así como de los organismos autorizados a acceder a este tipo de información.
Ferreri indicó que el proyecto propone la modificación de algunos aspectos normativos con el objetivo de desestimular la utilización de sociedades constituidas en jurisdicciones de baja tributación, de forma de prevenir los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y evasión tributaria.
Nuevas autoridades para la Jutep: Iribarne, Borrelli y Matilde
La Cámara de Senadores votó afirmativamente las solicitudes de venias remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de Presidente en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), al contador público y licenciado en administración Ricardo Gil Iribarne. En calidad de Vicepresidente en el Directorio a Daniel Borrelli; y en calidad de Vocal a la señora Matilde Rodríguez.
