Mientras se suceden las manifestaciones y reclamos de los distintos gremios, ante un notorio rechazo a la LUC y al presupuesto planteado por el Gobierno, donde el recorte para los trabajadores, más el aumento de los artículos de consumo hace retroceder en cuanto a beneficios logrados, se apronta u Paro General para el próximo 17 de setiembre.
Da la sensación que la sociedad uruguaya está en camino de ir perdiendo la paz social en la que se convivía.
Miles de personas se movilizaron ayer lunes 31 de agosto en defensa de la educación pública, contra la privatización de la enseñanza y en rechazo a la Ley de Urgente Consideración. Y le hablaron claro al gobierno, minutos antes que la ley de Presupuesto ingresara a la Asamblea General. «¿Si no escuchan a los maestros, a los funcionarios, si no escuchan a la educación pública, a quién van a escuchar los legisladores y el gobierno?». La pregunta de la secretaria general de la FUM-TEP, Elbia Pereira, fue casi una síntesis del pensamiento y reclamo de miles de personas, trabajadores y trabajadoras en actividad, maestras y docentes jubiladas, niños y niñas que acompañaban a sus familiares, educadores y educadoras que ocuparon cargos de responsabilidad y tuvieron un rol clave en las políticas públicas de la enseñanza y que se acercaron hasta el Palacio Legislativo en una fría noche de vigilia presupuestal. Según informó Elbia Pereira al Portal del PIT-CNT, hubo distintas movilizaciones en defensa de le educación pública en todo el país durante la presente jornada. Es que la premisa quedó evidenciada en una frase contundente Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT y miembro del Secretariado Ejecutivo de la FUM-TEP: «si hay recortes, habrá lucha».
Lo que inicialmente fue pensado como una intervención de los sindicatos de la educación en el entorno del Palacio Legislativo, se transformó en una multitudinaria manifestación de rechazo a los recortes presupuestales a la enseñanza pública, con miles de participantes de todos los sindicatos de la educación.
La Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) invitó a quienes participaran de la concentración a concurrir con túnicas y uniformes de trabajo en señal de defensa de la educación pública, ante la presentación del Presupuesto por parte del Poder Ejecutivo.
“Para que la escuela pública siga siendo pública, gratuita, laica y obligatoria”, fue la consigna central que movilizó a miles de personas que concurrieron al Parlamento respetando las medidas de cuidados sanitarios, en reclamo de un Presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo, “nunca inferior” al 6% + 1% del PBI para la ANEP y la UdelaR.
Las pancartas y carteles fueron elocuentes y directamente dirigidos tanto a legisladores como al propio gobierno nacional.
«Se escucha, se escucha, la educación en lucha», «no queremos discursos para la televisión, queremos presupuesto para la educación», «a ver, a ver, señor Presidente, si usted puede vivir, con el sueldo de un docente, indecente», «se siente, se siente, la educación presente», fueron algunos de los cánticos de la multitud.
La movilización rodeó el Palacio Legislativo, cruzó y se mantuvo unos minutos frente al ingreso del edificio anexo, y posteriormente pasó de largo frente al vallado de la escalinata principal para culminar la intervención en la puerta que da frente a la Plaza 1° de mayo, casi de manera simultánea que estaba previsto el ingreso del Presupuesto a la Asamblea General.
Como se recordará, la FUM-TEP se declaró en conflicto cuando se conoció que por primera vez en quince años se elaboró un Presupuesto “donde se nos ofrece rebaja salarial, cercenamiento de derechos, recortes de programas educativos y en los comedores escolares, además con anuncios de políticas educativas sin la participación del magisterio”.
La movilización de este lunes 31 tuvo como otro de los ejes centrales el cuestionamiento a la ley 19889 (LUC). Los sindicatos de la educación, en concordancia con la postura del PIT-CNT y la Intersocial, han planteado su rechazo frontal a la LUC. Para la FUM-TEP, su aprobación “constituye una afrenta a la tradición autonómica de la educación uruguaya, un retroceso en el gobierno de Educación Primaria, disolviendo el CEIP -que tiene una tradición de más de cien años-, restringe la participación de docentes, estudiantes y la sociedad, y constituye una amenaza de avance de la educación privada al desmantelar el Sistema Nacional de Educación Pública”.
