Tema de tremenda sensibilidad. Lo encaró con enorme nivel la periodista de Brecha Mónica Robaina. No se manejaron nombres, entre otras cosas porque es de esperar que la investigación continúe y se profundice. Por otro lado lo trascendente es que ¡por fin! una aberración que existe en la sociedad uruguaya aunque se pretenda mirar hipócritamente “hacia el costado” o relativizar episodios, parecería que se empieza a tratar con rigor y muchos poderosos tiemblan al ver que la impunidad con la que se movían podría estar llegando a su fin.
Simplemente en MIL PALABRAS tomamos lo sustancial de la extensa nota, el cómo se empezó a destapar el “nudo” y la entrevista a la especialista en estos temas Cristina Prego Tramuja, directora de la ONG El Paso
Un principio casual y un suicidio sospechoso
Aunque hasta el momento trascendió que la investigación comenzó en noviembre de 2019, la Policía tenía indicios de este caso desde principios de febrero de ese año. El asunto salió a luz por casualidad, cuando una policía intervino para apartar a un hombre mayor que forcejeaba con dos jóvenes en la calle, en Punta del Este. Al preguntar qué estaba pasando, la mayor –de unos 20 años– afirmó que el hombre las había drogado y había violado a la otra, adolescente. El trío terminó declarando en la comisaría, donde el hombre aseguró que no había pasado nada, que los tres se conocían y que las relaciones sexuales eran consentidas.
Las fuentes consultadas no supieron explicar qué pasó desde ese momento hasta que, tiempo después, la mayor de estas mujeres “escrachó” al presunto abusador, a través de un video que publicó en su cuenta de Facebook. El aludido la denunció por difamación en Montevideo, donde reside. En el contexto de esta investigación se determinó que la adolescente presuntamente violada que había participado del incidente callejero en Punta del Este era menor de edad y vivía en Montevideo. Así que los antecedentes, siguiendo el principio de competencia territorial establecida por la ley de violencia de género, pasaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Quinto Turno, entonces a cargo de Sabrina Flores.
La investigación estaba en curso cuando se supo que una adolescente desaparecida y encontrada muerta días después en la Costa de Oro tenía un vínculo con el denunciante. Si bien el caso fue caratulado inicialmente como suicidio, no se descarta que sea revisado en el marco de esta nueva investigación, señalaron fuentes de la Fiscalía. Anoche, Brecha consultó sobre tal posibilidad a la fiscal Viera, quien mantuvo un sugestivo hermetismo: señaló que se equivocó cuando, al comienzo de la investigación, hizo pública información que vinculaba a esta adolescente muerta con el caso y que ahora, como forma de proteger a las víctimas, se llamará a silencio.
Con Cristina Prego Tramuja, directora de la ONG El Paso
“Este tipo de explotadores era impune”
La socióloga Cristina Prego, especializada en el seguimiento de situaciones de explotación sexual de adolescentes y acompañamiento a las víctimas, conversó con Brecha sobre algunos aspectos genéricos y particularidades de la Operación Océano.
—¿Cómo observa este caso y su investigación?
—En este caso, lo bueno es que hoy hay un juicio. Cuando aparecen involucradas tantas personas influyentes como estas, vinculadas al poder político, judicial y empresarial, es un logro. Se trata de una investigación proactiva, que trabaja a partir de indicios y pruebas que eviten exponer a las adolescentes en el centro del proceso judicial. Las víctimas están menos expuestas y esto es algo que no se hacía en Uruguay.
—¿Qué factores favorecieron ese cambio?
—Creo que, en este caso, alguien decidió investigar independientemente de quién estaba involucrado. Luego, el cambio en el Código del Proceso Penal ha sido muy importante, porque obliga a transparentar las investigaciones y es mucho más garantista, todo el mundo está observando. Estas acciones son el punto de partida para mirar que, hasta ahora, este tipo de explotadores era impune. Se creó el juzgado especializado en delitos sexuales, capacitaciones en violencia sexual y temas de género; hay una unidad de víctimas. También la Policía ha hecho avances interesantes, pero le falta mucho aún; es un ministerio muy grande.
—Sin embargo, desde diversos ámbitos los explotadores siguen siendo justificados…
—Todavía no se pudo transformar la mirada que culpabiliza a la víctima; por ejemplo, cuando un abogado alega que su defendido no sabía que era menor. Y en los mensajes que se leen en las redes también se observa cuál es el valor que se pone en lo social. Que le mintieron, lo engañaron, le trucaron la foto, son argumentos para responsabilizar a las víctimas.
—¿Qué se debe entender cuando una adolescente menor de edad afirma que actúa voluntariamente?
—Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes estamos hablando de una situación personal vinculada a su desarrollo evolutivo diferencial; la persona adulta hace un uso abusivo de una diferencia de edad, lo que los coloca en distintas posiciones para elegir sobre su vida. A veces las víctimas no perciben ni identifican el daño de esas acciones; no consideran que esté mal, entre otras cosas, porque nuestra sociedad no considera que esté mal pagar con sexo. En esa lógica, lo que se produce es una limitación vinculada a la edad; para una gurisa de 17 años esta definición no está tan clara y en cierta forma lo legitima.
—¿Por qué decía que en esta investigación las víctimas están menos expuestas?
—Aparece en un sector que históricamente ha estado absolutamente silenciado; sectores donde los explotadores están vinculados a distintos ejes de poder. Acá se ha cuidado mucho el nombre de las gurisas. Y se ha intentado no hacer pública información que las pueda identificar. Eso es importante, porque en otras situaciones eso no ha pasado.
—¿Eso tendrá que ver con el perfil de las víctimas y el sector social al que pertenecen?
—Es un punto interesante. Quizás puede tener algo que ver con el entorno, habría que hacer ese análisis teniendo un poco más claro quiénes son las víctimas. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Son familias que conocen el sistema de justicia y los derechos de las adolescentes? En todo caso, esta es la forma correcta de proceder. También hay que cuidar su nombre cuando viven en el barrio más pobre de Canelones, cuando una familia no tiene las herramientas para defender sus derechos, como el cuidado de la identidad. Por eso la importancia de una investigación proactiva: las víctimas no denuncian porque tienen miedo o vergüenza, o no quieren pasar por un proceso legal en el que quedarán expuestas a través de la comunidad. Imaginen la dimensión mediática si se supieran sus nombres.
—Muchas actividades de explotación sexual están vinculadas con la actividad turística. ¿Cree que el Estado y los empresarios, sobre todo hoteleros, hacen algo para combatirlo?
—No hay ni controles, ni protocolos, ni fiscalización, y ninguna política funciona sin eso, aunque haya decretos y leyes. La explotación está muy instalada en el turismo, le genera mucha plata al propio sector, aunque no se enriquezcan los explotadores. Deberían considerar que si no cumplen con los protocolos, pueden estar en una situación de contribución a la explotación. Lo mismo corre para un taxista que traslada adolescentes y hace la vista gorda. Si eso pasa habitualmente y sabés que hay algo, estás contribuyendo a que siga pasando. También en eso hay acciones adultas que es importante poner en escena; no sólo son delitos, son responsabilidades del mundo adulto sobre los gurises. Esto no se cambia con una buena ley y buenos procedimientos, hay que transformar la responsabilidad comunitaria.
